EXPROPIACIÓN PETROLERA

El pueblo contribuyó a pagar los gastos de la expropiación petrolera. Una de las preocupaciones del Congreso Constituyente de 1917 fue que las leyes tuvieran un efecto benéfico en la sociedad y sirvieran para apoyar y proteger la parte más vulnerable de ésta. Así, el Constituyente de 1917, al legislar los artículos 27 y 123, creó la primera declaración de los derechos sociales con el fin de establecer las condiciones mínimas de justicia en las relaciones de los trabajadores del campo y de los trabajadores industriales, partiendo de que el trabajo es un valor básico en las relaciones económicas y sociales. Al llegar Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República, retomó la preocupación de sentar las bases de equidad y justicia en las relaciones entre los factores de la producción, tanto en el campo como en la industria. Puesto que los campesinos y los obreros eran la parte más débil de esa relación, el Estado debía actuar en su favor y asegurar que sus derechos fueran en todo momento respetados. Por otro lado, desde muchos años atrás, el Estado mexicano había concesionado a individuos y a empresas extranjeras la explotación de la riqueza natural del país, como la plata, el cobre, diversos productos agrícolas y pesqueros, y el petróleo. En el caso de este último recurso natural, las empresas extranjeras que contaban con el permiso del gobierno mexicano para explotarlo, se negaron a aceptar las disposiciones legales para que fueran reconocidas las organizaciones de los trabajadores nacionales, con quienes debían negociar las condiciones de trabajo, entre las cuales ocupaban un lugar muy importante: el salario y las prestaciones. Las empresas petroleras no sólo se negaron a acatar la ley laboral, sino incluso su responsabilidad de pagar los impuestos a los que estaban acostumbrados por un mínimo de equidad, ya que hasta entonces habían gozado de una serie de consideraciones de todo tipo: prácticamente explotaban en su provecho, de manera gratuita, un recurso natural que le pertenecía a todos los mexicanos. En 1935, las empresas petroleras, en manos de capital extranjero, trataron de impedir la formación de sindicatos y usaron para ello todos los medios que tuvieron a sus alcances, tanto lícitos como ilícitos. Aún así se crearon sindicatos en cada compañía petrolera, pero las condiciones de trabajo entre una y otra eran muy diferentes. Pasado un tiempo, el 27 de diciembre de 1935 nació el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, el cual, por obvias razones, tuvo que vencer una serie de trabas legales, particularmente en Tamaulipas y Veracruz. El 29 de enero de 1936, este sindicato se incorporó al Comité de Defensa Petrolera, del cual surgió al mes siguiente como la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El 20 de julio de ese año, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primera convención, el cual formuló un proyecto de contrato general con todas las compañías y se fue a huelga para exigir su cumplimiento. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció porque las compañías petroleras acataran el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de sus trabajadores. Aún así, esas empresas se mantuvieron en desobediencia, confiadas en que sus reservas del combustible en otras partes del mundo les permitieran cumplir sus compromisos; además de que sin el pago de los salarios a sus trabajadores y la falta de petróleo para atender las necesidades internas del país, terminarían por doblegar al gobierno y a sus trabajadores. El presidente Lázaro Cárdenas intervino para mediar ante las compañías y así intentar lograr la firma de este contrato. Tras un acuerdo, se aplazó la huelga por cuatro meses, que se prolongaron aún dos más. Todo fue inútil, pues no se llegó a ningún acuerdo con las compañías petroleras y el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga, lo que paralizó al país entero al no despacharse gasolina por doce días. Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y no podían cumplir con las demandas de los trabajadores. Hubo investigaciones al respecto, y el 3 de agosto, una comisión de peritos dio a conocer su conclusión: La industria petrolera mexicana produce rendimientos muy superiores a la de Estados Unidos. Tal decisión molestó a los empresarios petroleros, quienes amenazaron con retirarse de México y llevarse todo su capital, por lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no emitió su fallo y los meses seguían corriendo, trayendo como consecuencia un paro general de 24 horas, el 8 de diciembre, en protesta por el retraso. Diez días después, la Junta emitió su fallo a favor de los trabajadores, lo cual significaba que las empresas petroleras deberían pagar 26 millones de pesos de salarios caídos de la huelga de mayo; hecho que no acataron, y se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia. Pero la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo el 3 de marzo de 1938, lo que los obligaba a elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Para disminuir la molestia de los dueños de las compañías, el presidente Lázaro Cárdenas ofreció mediar ante el sindicato para que aceptaran el pago de los 26 millones de pesos y no de 40 millones, como lo exigían. A cambio de este pago, el presidente les prometió levantar la huelga, pero los empresarios no confiaban en él. Su desconfianza ocasionó que el presidente Lázaro Cárdenas decidiera poner fin a tan largo conflicto y anunciar la expropiación petrolera. Fue así como el 18 de marzo de 1938, a las ocho de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas estaba reunido a puerta cerrada con su gabinete para anunciarles su decisión de expropiar la industria petrolera. Dos horas después, en todas las estaciones de radio de la República, la hizo pública al pueblo de México, rápidamente se fue advirtiendo el apoyo de la opinión pública. El 23 de marzo hubo en la ciudad de México una enorme manifestación de respaldo que, según citan las crónicas periodísticas, superaba las cien mil personas. Poco tiempo después, el 12 de abril hubo una manifestación frente al Palacio de las Bellas Artes. Millares de mujeres de todas las clases sociales llevaron su cooperación para pagar la deuda petrolera. Las aportaciones iban desde gallinas hasta joyas valiosas. La expropiación era resultado de una cadena de hechos que habían puesto en entredicho la soberanía del país y por ello esta decisión llenó de júbilo al pueblo de México. El mensaje con que el presidente Cárdenas hizo pública su decisión, fue el siguiente: "Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la Nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen las autoridades del propio país. "Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. "Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital del que se habla.